Las organizaciones empresariales de la Región del Biobío han expresado su profundo descontento ante la iniciativa de ley de autocontrol de pesaje ante el Senado, considerando que las nuevas exigencias podrían colapsar el sistema logístico actual. Diversos gremios productivos manifestaron que la regulación, en su formato actual, no solo aumentaría los costos de transporte, sino que también contribuiría a la congestión en zonas clave como puertos y plantas industriales, y pondría en riesgo la competitividad de la región. «Es imperativo que la normativa sea técnicamente eficaz y se ajuste a las realidades operacionales de las empresas», advirtió Álvaro Ananías, líder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en Biobío.
Uno de los principales puntos de crítica se centra en que el proyecto se enfoca en nuevas obligaciones de control en las instalaciones de destino, ignorando que el daño a las vías se puede generar durante el trayecto. Esto, según los representantes gremiales, podría resultar en mayores tiempos de espera y congestión a lo largo de la cadena logística. Se considera que debería priorizarse la fiscalización en los puntos de origen, donde es más fácil prevenir que los vehículos circulen con sobrepeso, en lugar de centrarse en los destinos donde el daño ya ha ocurrido. Esta visión compartida refleja una preocupación palpable entre los diversos sectores económicos de la región.
El sector forestal, en particular, ha señalado que su operativa es altamente dinámica, teniendo lugares de carga que cambian continuamente, lo que dificulta la instalación de sistemas de pesaje fijos. Alejandro Casagrande, presidente regional de CORMA Biobío y Ñuble, resaltó que ya se utilizan tecnologías adecuadas para controlar el peso de la madera, por lo que insistió en la necesidad de contemplar alternativas al nuevo marco regulatorio que se ajuste a las características del sector. En su opinión, la duplicidad de controles podría no solo incrementar los costos operativos, sino también hacer más complicada la logística, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Desde el sector pesquero, Macarena Cepeda advirtió sobre la posibilidad de que la nueva ley genere una duplicación de registros y un mayor costo para las operaciones logísticas, lo que podría perjudicar la competitividad del sector. Las plantas pesqueras ya cuentan con sistemas de pesaje certificados, que son parte del sistema de trazabilidad regulado por Sernapesca. La insistencia en nuevos requisitos podría interrumpir las operaciones y aumentar los tiempos de espera, lo cual afecta la eficiencia en el comercio de productos frescos, cuya calidad es muy sensible a los retrasos en la cadena de distribución.
Ante estas preocupaciones, los líderes gremiales han hecho un llamado urgente al Senado para revisar la iniciativa y adoptar un enfoque más integral que incluya medidas que protejan la infraestructura vial sin caer en la sobre regulación. Nelson Donoso, presidente de IRADE, hizo hincapié en la necesidad de considerar los efectos que estas medidas tendrían sobre la competitividad regional y las decisiones de inversión. El diálogo técnico y la escucha activa a las demandas de los diferentes actores económicos son esenciales para crear un marco regulatorio que impulse el desarrollo del Biobío sin obstaculizar su capacidad logística y operativa.
