La Contraloría General de la República (CGR) ha publicado un inquietante informe que revela serias debilidades en la gestión de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en el combate de incendios forestales en la región de La Araucanía entre 2024 y 2025. Entre los casos analizados, el incendio «Providencia» en Traiguén, ocurrido en 2025, destaca por haberse originado a partir de una quema controlada autorizada por Conaf que no fue adecuadamente extinguida. Este evento devoró aproximadamente 3.064 hectáreas, lo que subraya la falta de atención a las alertas de incendios forestales emitidas por Senapred y las condiciones climáticas adversas que se presentaban en la zona.
La CGR ha decidido iniciar un sumario administrativo para esclarecer posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados en la autorización de la quema controlada que llevó al devastador incendio. El informe ha sido remitido al Ministerio Público, destacando la urgente necesidad de que Conaf revise sus criterios y procedimientos relacionados con la autorización de quemas, incluyendo la consideración de alertas ambientales y meteorológicas. Este proceso busca no solo mejorar la gestión del riesgo de incendios, sino también garantizar la trazabilidad y eficacia en la prevención de situaciones similares en el futuro.
En el caso del incendio en Lonquimay, que ocurrió en 2024 y que afectó áreas de bosque nativo en Troyo, la CGR advirtió que la falta de implementación del módulo «Costeo de incendios y valorización de pérdidas» del sistema SIDCO ha sido otra de las fallas críticas. Esta herramienta, crucial para calcular los costos reales y valorizar adecuadamente las pérdidas ocasionadas por incendios, no se utilizó adecuadamente, lo que resultó en valoraciones manuales y no estandarizadas. La Contraloría ordenó a Conaf establecer un plan de trabajo para implementar este módulo en un plazo no mayor a seis meses, lo que resalta la necesidad de modernizar y agilizar los procesos en la gestión de incendios.
Otro aspecto preocupante del informe es la falta de registro del Comandante de Incidente en el sistema SIDCO en la mayoría de los incendios forestales analizados, lo que comprometió la calidad y la disponibilidad de información vital para una gestión efectiva. En total, 11 de las 15 fichas de incendios carecían de datos precisos y completos, lo que subraya la urgencia de que Conaf desarrolle e implemente protocolos de interoperabilidad con otros organismos. Esta medida sería clave para mejorar la coordinación y respuesta ante emergencias en el futuro.
Finalmente, la CGR ha instado a Conaf a establecer un procedimiento formal obligado para la remisión directa de informes técnicos al Ministerio Público que identifiquen causas atribuibles a conductas negligentes en incendios de alta magnitud. Esta medida deberá estar formalmente documentada y los informes tendrán que ser proporcionados a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de la CGR en un plazo de 60 días hábiles. La situación evidencia no solamente falencias en la gestión de incendios, sino también la necesidad de un enfoque más riguroso y proactivo en la protección de los recursos forestales en la región.
