La Cámara de Diputadas y Diputados ha dado un paso importante en la regularización de viviendas al aprobar el 19 de agosto una modificación a la Ley N°20.898, conocida popularmente como “ley del mono”. Esta iniciativa introduce cambios significativos en el régimen simplificado de regularización, elevando el avalúo fiscal máximo de 1.000 UF a 2.000 UF y ampliando la superficie máxima de las viviendas que pueden acoger este procedimiento de 90 a 120 metros cuadrados. El espíritu de esta reforma es facilitar a más propietarios la posibilidad de regularizar sus viviendas, muchas de las cuales han sido construidas sin los permisos adecuados, lo que ha generado un gran número de viviendas informales en el país.
El proyecto no solo expande el umbral de la superficie y el avalúo fiscal, sino que también establece una fecha límite más generosa para la regularización de estas construcciones. Según la nueva normativa, podrán acogerse al procedimiento todas las viviendas construidas antes del 28 de noviembre de 2025 que carezcan de recepción definitiva, total o parcial. Esta extensión hasta el 31 de diciembre de 2029 otorga un respiro a quienes aún no han podido formalizar sus propiedades, abriendo la puerta a una mayor inclusión y reconocimiento legal de las viviendas que cumplen con las exigencias de habitabilidad y seguridad.
Una de las modificaciones más destacadas de la iniciativa es la introducción de exenciones en el cumplimiento de ciertas normas urbanísticas para viviendas de hasta 120 metros cuadrados. Esta medida busca eliminar barreras que dificultan la regularización sin comprometer las exigencias básicas de seguridad, estabilidad y calidad de vida. Además, se contempla que las edificaciones de mayor superficie, hasta 180 metros cuadrados, también podrán regularizarse, siempre y cuando su avalúo fiscal no supere las 3.000 UF, lo que representa un esfuerzo por adaptar la legislación a la realidad del mercado inmobiliario local.
Otro aspecto clave de esta reforma es la reducción de los plazos de revisión para las solicitudes de regularización por parte de las Direcciones de Obras Municipales, que se verá acortado de 90 a 60 días hábiles. Este cambio es crucial para agilizar los trámites administrativos y facilitar la regularización de viviendas, particularmente en zonas donde la demanda habitacional supera la oferta. Asimismo, el proyecto también contempla modificaciones aplicables a otros tipos de construcciones, incluyendo equipamientos y microempresas, destacando la voluntad del legislativo por fomentar un entorno de desarrollo más flexible.
Una vez aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, la propuesta ahora se encuentra en manos del Senado, donde se revisará y debatirá para su eventual aprobación final. La modificación de la “ley del mono” representa un avance importante en la lucha por la formalización de viviendas y la mejora de las condiciones habitacionales en el país. La expectativa es que esta iniciativa contribuya a disminuir el déficit de viviendas y la informalidad en la construcción, permitiendo que más personas puedan acceder a un hogar digno y seguro.
