El abogado de la Constructora San Sebastián, Jaime Barrientos, ha expresado su preocupación sobre las recientes declaraciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en relación a las querellas que se han interpuesto por las viviendas que serán demolidas en El Olivar, en Viña del Mar. Barrientos cuestionó el efecto negativo que estos comentarios pueden tener sobre la colaboración y confianza entre el sector público y privado, pilares fundamentales para el desarrollo de proyectos de vivienda digna en el país. La situación se complica aún más con el anuncio de acciones legales, que pueden generar un clima de incertidumbre tanto para constructores como para propietarios reprimidos por la inminente demolición.
El Minvu, mediante su titular Iván Poduje, ha confirmado que un total de 170 viviendas serán demolidas debido a fallas estructurales peligrosas que fueron identificadas en las inspecciones realizadas. Entre estas propiedades se encuentran obras ejecutadas por la Constructora San Sebastián. Aunque solo seis propietarios han presentado recursos de protección para frenar la demolición, las declaraciones del Ministro han generado una ola de inquietud en la comunidad afectada, así como en el sector de la construcción, que observa con atención cómo se procederá en el marco de esta crisis habitacional.
Además, el Ministro Poduje indicó que las empresas Kawésqar y José Miguel Carreño serán responsables no solo de las demoliciones, sino también de la construcción de nuevas viviendas que cumplan con mejores estándares de seguridad y habitabilidad. Se espera que los trabajos comiencen en la próxima semana, un proceso que es visto como una oportunidad para mejorar la infraestructura del área, aunque también plantea retos logísticos y emocionales para aquellos que deben ser desplazados.
Por su parte, Jaime Barrientos ha remarcado que hasta el momento la Constructora San Sebastián no ha recibido notificaciones formales acerca de las querellas interpuestas. Esto lleva a la empresa a cuestionar la transparencia del proceso y la justificación detrás de las acciones legales anunciadas por el gobierno. La falta de claridad en la comunicación entre ambas partes podría intensificar las tensiones y hacer más difícil la cooperación, especialmente en un contexto donde la reconstrucción y el bienestar de las familias deben ser la prioridad.
Mientras tanto, el Ministro reiteró que la velocidad con la que se está llevando a cabo la demolición de las viviendas es una prueba de la validez de los diagnósticos técnicos realizados por el Minvu. Las nuevas edificaciones en El Olivar, según Poduje, se diseñarán para asegurar que las lecciones aprendidas de esta situación se apliquen, garantizando que las futuras viviendas sean seguras y estén mejor preparadas para resistir los desafíos del entorno. Sin embargo, la comunidad permanece expectante ante la evolución de los eventos, que siguen despertando dudas y temores sobre la relación entre las empresas constructoras y el Estado.
