La Asociación de Diplomáticos Españoles ha propuesto una medida audaz para abordar la crisis de financiación que enfrenta la red consular del país: multiplicar por cuatro el precio del pasaporte, aumentando el costo de 30 euros a 116 euros. Esta decisión, que implicaría un incremento del 286%, busca equiparar las tarifas con las de otros países europeos como Italia, al tiempo que contribuiría a mitigar los problemas de personal y de infraestructuras que actualmente aquejan a los consulados españoles. Los diplomáticos argumentan que esta subida en las tasas es crucial para mantener un servicio adecuado a la creciente demanda de los ciudadanos españoles en el exterior.
Actualmente, el gobierno español destina alrededor de 24 millones de euros anuales al alquiler de embajadas y residencias diplomáticas en el extranjero. Esta elevada carga financiera ha llevado a los diplomáticos a solicitar un ajuste en las tarifas de los pasaportes, ya que los recursos limitados han dificultado la capacidad operativa de los consulados, especialmente en el contexto de un aumento exponencial en el número de españoles viviendo fuera del país. Desde principios del siglo XXI, la población española en el exterior ha pasado de 900.000 a más de tres millones, lo que ha intensificado la demanda de servicios consulares.
Además, se espera un aumento significativo en las solicitudes de nacionalidad bajo la reciente Ley de Memoria Democrática, que facilita la obtención de nacionalidad para los descendientes de exiliados republicanos. Esta avalancha de solicitudes plantea un desafío logístico considerable para los consulados, que deben prepararse para gestionar un número sin precedentes de trámites administrativos. La falta de recursos y personal adecuados en estas oficinas podría resultar en largas esperas y un deterioro en la calidad del servicio, lo que podría afectar la imagen del país en el exterior.
Los diplomáticos enfatizan que la decisión de aumentar el precio del pasaporte no es meramente económica; representa un esfuerzo por salvaguardar la operatividad de la red consular y garantizar que se pueda brindar un apoyo adecuado a los españoles en el extranjero. A pesar de las críticas que esta propuesta podría generar, sobre todo en un contexto de crisis económica, los diplomáticos subrayan que la viabilidad del servicio exterior depende en gran medida de la capacidad para autofinanciarse y de ofrecer servicios de calidad a una población creciente.
Ante esta situación, la discusión sobre el aumento del precio del pasaporte es parte de un debate más amplio sobre cómo el Estado puede adaptarse y modernizarse para enfrentar los retos contemporáneos. La propuesta será analizada en los próximos días, y se espera que genere diferentes reacciones tanto en el ámbito político como social. En un momento donde la diáspora española está en expansión, asegurar la financiación adecuada para la red consular se convierte en una prioridad fundamental para el Estado.
