Una jueza federal de Virginia ha ordenado este miércoles la liberación del académico Badar Khan Suri, quien había sido arrestado en marzo acusado de difundir «propaganda pro-Hamás» por su apoyo a Palestina. Suri, un nacional indio que realizaba su beca postdoctoral en la Universidad de Georgetown, fue detenido por agentes federales a las afueras de su hogar en Rosslyn, Virginia. Su arresto, que fue documentado en un video difundido por la ACLU, ha despertado controversia y ha llevado a cuestionar la legalidad de su detención, así como el contexto político en el que se ha desarrollado este caso.
El arresto de Khan Suri se produjo tras su participación en actividades académicas y su matrimonio con una ciudadana estadounidense, lo cual añade una capa de complejidad a la situación. La subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, justificó su detención alegando vínculos con un asesor de Hamás y resaltando su propagación de lo que calificó como «antisemitismo» en plataformas sociales. Esta declaración ha sido recibida con escepticismo por parte de muchos que consideran que los cargos son, en esencia, una criminalización del discurso político y académico.
La decisión de la jueza Patricia Tolliver Giles de liberar a Suri llega con condiciones: deberá permanecer en Virginia y participar en audiencias presenciales relacionadas con su caso, además de asistir virtualmente a procedimientos migratorios en Texas. A pesar de que durante la administración Trump no se formalizaron cargos criminales contra él y su visado fue revocado sin imputación efectiva, la defensa de Suri ha argumentado que su detención fue un acto de persecución, en parte, por su relación con una mujer palestino-estadounidense. Este punto ha avivado el debate sobre las motivaciones detrás de su arresto.
Khan Suri es solo uno de varios académicos que han sido objeto de acciones enérgicas por parte de las autoridades estadounidenses en los últimos años. Su caso se une al de otros activistas propalestinos como Mahmoud Khalil y Rumeysa Ozturk, quienes también enfrentaron arrestos bajo circunstancias similares. La reciente liberación de Ozturk, que fue detenida por oponerse públicamente a la guerra en Gaza, apunta a un patrón de criminalización del activismo pro-palestino en el ámbito universitario en Estados Unidos.
La política del Departamento de Seguridad Nacional, que ahora implica un escrutinio exhaustivo de las redes sociales de no ciudadanos y el uso de publicaciones consideradas “antisemitas” como criterio de denegación de visados, ha generado preocupaciones sobre la libertad de expresión y la persecución política. Tal regulación sobre lo que se considera antisemitismo ha sido interpretada como una táctica para silenciar las voces críticas contra el gobierno israelí y su actuación militar en Gaza. Este contexto ha propiciado una atmósfera de miedo y autocensura entre académicos y activistas, lo que suscita interrogantes sobre el futuro del debate académico en temas controvertidos.