Responsabilidad tributaria: ¿Una carga para el ciudadano?

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En un contexto actual donde la confianza en las instituciones públicas se pone a prueba, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha generado controversia con su reciente modificación a la Resolución 12. Este ajuste, que propone que pequeños comercios y emprendedores deban imprimir boletas sí o sí, ha generado descontento en la ciudadanía, que siente que está siendo desplazada a un rol de vigilancia tributaria que no le corresponde. Sin embargo, el foco no está en la justicia tributaria, sino en una creciente obligación que asume la ciudadanía, convirtiéndola en parte de un sistema que debería, en principio, ser llevado a cabo por el propio Estado

La nueva norma del SII, que permite entregar boletas en formato digital o impreso, parece ser un cambio positivo; sin embargo, lo que queda claro es que se siguen instaurando responsabilidades en los consumidores y emprendedores. Esta tendencia de trasladar la fiscalización tributaria a la sociedad llevará a que los restaurantes deban pedir explicaciones sobre por qué alguien requiere una factura y, por otro lado, a que las plataformas de pago tengan que controlar quién incumple con sus deberes tributarios. Resulta evidente que, en lugar de simplificar y modernizar el sistema, se crea un entorno de desconfianza donde todos sienten la presión de convertirse en fiscalizadores del otro.

Además, el panorama para quienes desean emprender formalmente en este contexto se torna complicado. La burocracia actual exige una serie de trámites y documentos imposibles de obtener para aquellos que recién inician su camino. Para abrir un negocio, los emprendedores deben demostrar que ya están funcionando formalmente, dejando a muchos atrapados en un ciclo kafkiano donde la formalización es una hazaña casi inalcanzable. Ciertamente, la lucha contra el comercio informal y la evasión fiscal es necesaria, pero lo que queda patente es que las medidas adoptadas no abordan el problema de raíz, sino que complican aún más la situación de aquellos que intentan operar dentro del marco legal.

Por si esto no fuera suficiente, la Defensoría del Contribuyente ha decidido investigar al SII tras las quejas del Colegio de Contadores respecto a la Operación Renta, lo que subraya aún más las disfuncionalidades en la gestión tributaria del país. Los problemas con plataformas inestables y datos inconsistentes añaden una capa adicional de dificultad que puede llevar a muchos a incurrir en sanciones por incumplimiento, debido a fallos que no son de su responsabilidad. La percepción de que el SII actúa como un ‘perro del hortelano’, que no ayuda a sus contribuyentes pero exige que se cumplan los deberes tributarios, se hace cada vez más evidente en el imaginario colectivo.

En respuesta a la creciente molestia y descontento ciudadano, el SII ha decidido establecer un mecanismo de condonación de multas e intereses para aquellos que logren declarar y pagar hasta el 9 de mayo. A pesar de este gesto, muchos argumentan que este no es más que un parche a un problema mucho más profundo que requiere soluciones sistémicas y efectivas. En un momento donde el Estado debería fomentar el emprendimiento y la formalización, parece más bien que la intención es crear un ambiente hostil que termine por desalentar a quienes buscan poner en marcha sus iniciativas comerciales. En este contexto, la sociedad se siente cada vez más despojada de sus derechos y deberes, a merced de una burocracia que no da respuestas adecuadas a sus necesidades.

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