En el contexto actual de la política chilena, se ha propuesto el proyecto de ley «Devuélveme mi Pasaje» por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, del Partido Socialista. Aunque la iniciativa parece defender a los consumidores al permitir la devolución total del valor de un pasaje aéreo hasta ocho horas antes del vuelo, sus implicaciones son cuestionables. En una industria ya fragilizada y sometida a estrictas regulaciones, implementar esta ley podría resultar costoso tanto para las aerolíneas como para los pasajeros, quienes eventualmente tendrían que asumir los costos ocultos de esta «protección» al consumidor.
El proyecto de ley se basa en una premisa errónea: la suposición de que las aerolíneas están abusando sistemáticamente de los consumidores al sobredimensionar sus vuelos. Por el contrario, el sistema de revenue management, que permite tarifas ultrabajas en algunos pasajes, se nutre de la segmentación de mercado. Al ofrecer diferentes tipos de boletos, las aerolíneas logran equilibrar las necesidades de quienes priorizan el precio frente a la flexibilidad. La lógica detrás de este modelo es clara: si un pasajero elige una tarifa más económica, acepta ciertas limitaciones. La amenaza de modificar esta estructura puede poner en peligro los logros alcanzados en la democratización del transporte aéreo en Chile.
Desde hace una década, los pasajes aéreos han visto una drástica reducción en sus precios, gracias a una mayor apertura de cielos y a la competencia en el mercado. Cualquier cambio que imponga costos a las aerolíneas, como el que propone «Devuélveme mi Pasaje», seguramente resultará en un alza en los precios de los boletos, afectando de manera desproporcionada a los viajeros más vulnerables. Es un recordatorio claro de que, aunque la intención inicial pueda ser justa, los efectos colaterales podrían provocar que los precios de los pasajes se encarezcan y que el acceso a los viajes aéreos se convierta en un lujo nuevamente.
Además del impacto directo en los precios, la nueva ley podría llevar a una reducción en la cantidad de rutas y frecuencias disponibles, así como desincentivar a las aerolíneas de bajo costo a operar en Chile. Ejemplos recientes de compañías como JetSMART y SKY, que han retirado aviones del país en favor de mercados más rentables, son ejemplos de cómo las políticas inadecuadas pueden afectar la disponibilidad del servicio aéreo. La flexibilidad prometida sin costo alguno para el pasajero resulta en una carga para las aerolíneas, que deben equilibrar sus ingresos y costos en un entorno competitivo.
Por último, este tipo de propuestas populistas recuerda otros intentos legislativos que han demostrado ser perjudiciales para la infraestructura pública, como la eliminación de multas por circular sin TAG en las autopistas. Si bien la idea es proteger al usuario, en la práctica incita a la morosidad y puede llevar a una mayor congestión urbana, que es exactamente lo que se intentaba evitar mediante un sistema tarifario. Todos estos factores son una advertencia sobre la necesidad de una legislación bien fundamentada y consciente del funcionamiento de los mercados, para evitar contrarrestar los avances logrados en el acceso y la sostenibilidad.
